La libertad de expresión en México se encuentra bajo la sombra de uno de los poderes fácticos más peligrosos en este pedazo de mundo: el narcotráfico.
Los números no mienten. Durante el sexenio de Vicente Fox, que terminó el 30 de noviembre, 31 periodistas fueron asesinados y cinco fueron víctimas de desaparición forzada, según datos del director de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González.
Sólo en 2006 fueron asesinados en México 10 periodistas y tres permanecen aún desaparecidos. La CNDH cuenta con 533 expedientes de quejas por agravios a periodistas en el ejercicio de su trabajo, de los cuales 288 corresponden a los últimos seis años y están relacionados con acciones que inhiben la libertad de expresión.
Los más graves son el homicidio, las lesiones y la desaparición forzada, mientras que las más frecuentes son amenazas de muerte, atentados a las oficinas, vigilancia en domicilios privados y oficinas, espionaje telefónico, allanamiento y robo de materiales.
Ryszard Kapuscinski, en entrevista con Gilberto Meza de La Jornada, afirmó: “Creo que el periodista tiene que tomar su parte de responsabilidad por lo que pasa en el mundo, porque el entendimiento es tan importante. En mi caso trataba siempre de entender, y para entender a veces es necesario arriesgar la vida”.
Pero la evidencia deja una amplia cifra negra de eventos en contra de la libertad de expresión y de la integridad física de los periodistas que no se denuncia: todo aquello por lo que un periodista no comunica, no informa.
De febrero de 2006 a marzo de 2007, la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) de la Procuraduría General de la República (PGR) ha documentado 136 denuncias por delitos contra comunicadores, de las cuales 76 han sido determinadas y 60 se encuentran en trámite. La mayoría han sido amenazas (24) y cinco son por privación ilegal de la libertad.
Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y dueño del periódico “El Universal”, aseguró que las agresiones a periodistas son delitos “que no deben prescribir”.
Pero estas medidas legales no son preventivas. Cuando atacan a la prensa, silencian a la sociedad entera, intimidan a los dueños y editores de periódicos, y el gobierno en cualquiera de sus tres niveles se siente más cómodo, independientemente de que estén vinculados o no con el crimen organizado. “La violencia y el asesinato de periodistas es la censura máxima”, sentenció Rafael Molina, presidente del SIP.
A Javier Darío Restrepo, autor de “El zumbido y el moscardón. Taller y consultorio de ética periodística”, se le hace una pregunta fundamental: ¿Qué debe hacer un periodista cuando las amenazas de muerte lo condenan al silencio o al destierro? ¿Irse? ¿Quedarse callado? ¿Esperar?
Y la respuesta: “Las tres posibles decisiones de irse, callar o esperar son respetables y ninguna está impuesta por una norma ética. El periodista amenazado de muerte es la persona más sola del mundo, porque nadie le puede decir ni ordenar qué hacer. Es la suya, una situación límite en la que sólo están él y su conciencia”.
Cita el caso del director del periódico “El Tiempo” de Bogotá, Guillermo Cano, que fue asesinado por narcotraficantes. Como él, para esta clase de periodistas “la vida aparecía insoportable con un silencio o con una fuga a cuestas”.
Sigue: “Algunos se preguntan, desconcertados ante el ejemplo de periodistas que anteponen la verdad a la vida, si es propio de esta profesión ser héroes o suicidas. Es un dramatización innecesaria de algo que es tan sencillo como el caso de cualquier padre de familia que, viendo en peligro la vida de su hijo, instintivamente lo protege con su propio cuerpo, no por ser héroe o suicida, sino por ser padre. Su naturaleza paternal es la que allí se impone, lo mismo que en el caso del periodista que escoge la verdad antes que la vida, es la naturaleza de la profesión la que en determinados casos, no siempre, se impone”.
Intimidación
Más allá de los números y valores éticos, la decisión de los directivos de los medios de comunicación a no arriesgar a sus periodistas es firme (lo he escuchado de varios directivos de medios y en el que pertenezco), adelantando el principio de que la vida es un valor superior a la verdad (información).
Ahora ¿toda la violencia contra periodistas proviene del narcotráfico?
Desde luego que no, pero las organizaciones del crimen organizado se han caracterizado por cumplir cabalmente sus advertencias.
La zona geográfica más amenazada en México es el norte del país: los periódicos ubicados en la larga línea fronteriza con Estados Unidos.
Desde el semanario “Zeta” de Tijuana (al que el grupo de los Arellano Félix han matado a dos periodistas y atentado contra el recientemente fallecido Jesús Blancaornelas), pasando por “El Imparcial” de Hermosillo, hasta llegar a los atentados con granadas en Nuevo Laredo. Los ejemplos se multiplican en esa parte.
El motivo es claro: no permitir que investigaciones sobre hechos del narcotráfico salgan a la luz. Y lo han logrado.
En febrero de 2006 sujetos encapuchados ingresaron en las instalaciones del diario “El Mañana”, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hiriendo de gravedad al periodista Jaime Orozco Trey y ocasionaron destrozos en las instalaciones del diario. Todo por notas en que se relatan los enfrentamientos entre dos grupos de narcos que se disputan la ciudad.
“La mayoría de los periodistas y medios de comunicación de esa zona, incluido El Mañana, reconocen que ante el miedo y las amenazas han optado por autocensurarse a la hora de informar sobre el narcotráfico. Muchos hechos ocurridos en la frontera y reseñados en medios de la capital, ya no aparecen en esos diarios”, afirma Diego Cevallos en una columna periodística.
Aunque este conflicto es más agudo en el Norte del país, el Centro y el Sur no están exentos: recientemente se lanzaron granadas a las instalaciones de los periódicos “Por Esto” de Quintana Roo y de Yucatán, al igual que al diario “Que Quintana Roo se entere (Quequi)”.
En las más recientes semanas se ha multiplicado este escenario de violencia, con el asesinato de dos periodistas (uno en Guerrero y otro en Sonora) y la advertencia soterrada en varias partes del país.
Silencio local
Guadalajara, históricamente, ha sido zona franca del narcotráfico. Es escasa la investigación que se hace sobre los grupos de narcotraficantes y el trabajo informativo se centra en dar cuenta de la información que genera la PGR, el ejército y las dependencias estatales (incautaciones de droga y detenciones).
Con dificultad se han abordado reportajes sobre algunos pequeños distribuidores de droga. Y nada más.
A pesar de las disputas ocurridas en la ciudad por grupos liderados por Caro Quintero y Fonseca Carrillo en los ochenta, después los Arellano Félix y el Chapo Guzmán en los noventa, y recientemente, por el Ismael “El Mayo” Zambada y los hermanos Amescua. Por cierto, todos han sido los grupos más influyentes en el país en su momento.
De manera muy dispersa se puede leer notas en las páginas de “El Informador” u otros diarios locales sobre estos personajes que han convertido a estas tierras en un zona estratégica para la distribución de drogas, tanto al interior del país, como hacia los Estados Unidos. Además, hay registros de que la mayoría de ellos han vivido en la ciudad durante grandes periodos de tiempo, solapados por la autoridades municipales.
Mucho de esto se ha platicado en las oficinas de prensa, entre amigos y vecinos, pero difícilmente se ha denunciado. El rumor de la violencia ha provocado una autocensura que aún es impenetrable.
Herramientas de investigación
Pero ¿ésta violencia tiene antídoto?
Ninguna herramienta de protección puede garantizar la protección individual cuando se investiga sobre el narcotráfico. Sin embargo, auxilian en la protección personal.
He revisado manuales de cobertura de guerras de baja intensidad y grandes conflictos internacionales, pero no observo ninguno que se refiera específicamente sobre el narcotráfico.
Al final del día, el narco suma comercio internacional, políticas nacionales, corrupción municipal, grupos armados y disciplinados, tortura, movimientos de capital y de personas, pandillerismo, secuestro, tecnología farmacéutica, balaceras, ejecuciones y un largo e intrincado etcétera que no se explica solamente bajo el concepto de guerra.
Sin embargo, cito algunas estrategias de investigación y seguridad tomadas de estos manuales que pueden sumar en el inicio de las investigaciones sobre narcotráfico:
· El comportamiento de los periodistas en la zona de conflicto puede ayudar a que salven sus vidas, y las leyes no escritas pueden variar de un conflicto a otro. En algunas situaciones, por ejemplo, puede tener sentido que los periodistas tengan un perfil alto, mientras que en otras llamar la atención sobre uno mismo puede provocar una reacción hostil. (Fuente: Comité para la Protección de Periodistas).
· Entrevistarse con las personas de contacto que no se conozcan en lugares públicos y comunicar sus planes a su oficina o a un compañero de confianza. Tratar de no ir solo a un lugar potencialmente peligroso. (Fuente: Internacional News Safety Institute)
· Cuando nosotros nos reunimos con fuentes de la mafia, aplicamos una especie de protocolo. Siempre hay más de un periodista presente, los jefes de redacción y directores están enterados y, si el caso lo amerita, dejamos un acta de la reunión. Ese protocolo se lo hacemos saber a la fuente en algún momento de la reunión para que sepa que alguien más sabe de nuestras reuniones y así cubrirnos un poco. (Fuente: Metodología de la investigación periodística sobre narcotráfico. Martha Elvira Soto Franco. Editora Unidad Investigativa. Diario El Tiempo, Bogotá)
· Trate de estimar el nivel potencial de riesgo para usted, su familia y sus fuentes antes de comenzar una investigación. Estudie el sistema que va a enfrentar y aprenda como opera. Utilice los costados débiles del sistema para beneficiar su trabajo. Por ejemplo, muchos agentes estatales están mal pagos, entonces su profesionalismo y motivación no son muy altos. A menudo, su equipo técnico es insuficiente, por lo que no pueden seguir la pista de periodistas todo el tiempo.(Fuente: Comité para la Protección de Periodistas)
· Las misiones a zonas de guerra y otras zonas peligrosas deben ser voluntarias y sólo deben participar en ellas periodistas experimentados y las personas bajo su supervisión directa. (Fuente: Internacional News Safety Institute)
· En este punto, EL TIEMPO tiene a nuestra disposición un grupo de abogados que, cuando lo solicitamos, nos miran las notas desde el punto de vista judicial y nos acompañan en los procesos. Esto es una gran ayuda. (Fuente: Metodología de la investigación periodística sobre narcotráfico. MARTHA ELVIRA SOTO FRANCO. Editora UNIDAD INVESTIGATIVA. Diario EL TIEMPO, Bogotá)
· Los periodistas son observadores neutrales. Ningún miembro de los medios de comunicación debe llevar un arma de fuego durante su trabajo. (Fuente: Internacional News Safety Institute)
Otras consideraciones tienen esenciales discusiones éticas. Por ejemplo, no firmar las notas. Estar rotando las fuentes y las investigaciones entre varios elementos de la redacción para que se disperse el riesgo. Mantener un bajo perfil fuera y dentro de la mesa de redacción.
Todo estas herramientas e ideas metodológicas para entrar en el tema, no podrían siquiera intentarse sin el apoyo de los directivos de periódicos y, en su caso, de los propios dueños.
En los casos de los freelance su condición de absoluta independencia los deja, en mi opinión, en una estado de mucha mayor vulnerabilidad.
El dilema continúa: informar bajo tu propio riesgo o callar, provocando una sociedad ignorante de estos peligros.
Alejandro Cabanillas Sepúlveda
martes, 18 de marzo de 2008
Narcotráfico y autocensura
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